La deriva de la televisión pública

Las televisiones autonómicas nacieron para que los ciudadanos de cada comunidad tuvieran una voz propia, en la mayoría de las ocasiones olvidada o minimizada en los medios de ámbito estatal; para fomentar un periodismo de proximidad, más preciso, más comprometido con su territorio, más cercano a las fuentes, con lo bueno y lo malo que eso tiene. Concebidas bajo el manto protector del poder político, la mayoría está transitando por el mismo camino de alto riesgo que la Radio y Televisión Española (RTVE), convertida, desde su nacimiento, en un instrumento de propaganda al servicio de los sucesivos gobiernos, con la excepción del de Rodríguez Zapatero. Esta semana el Consejo Audiovisual de la RTVA presentaba un informe que alertaba de la deriva profesional de los servicios informativos de Canal Sur. “El gobierno andaluz, decía, ha ocupado el 47,4% del tiempo de la información política en Canal Sur, superando el 64% del tiempo con los partidos que le apoyan, mientras a los partidos de la oposición se les ha dedicado el 15,5%. El Gobierno andaluz ha abierto el 48,3% de los informativos por el 1,7 de la oposición. Esta situación se está agravando durante 2022 y, en el periodo objeto de este análisis, ha batido todos los récords de vulneraciones de los principios de objetividad, pluralismo, neutralidad, independencia, veracidad y rigor que deben ser los principios sobre los que construir una programación informativa en un medio público”. El PP, el partido que llegó a acusar al PSOE andaluz de “secuestrar la libertad de expresión” y de “anular a los partidos de la oposición con un modelo más propio de Cuba que de España”, se ha entregado, sin contemplaciones, al sueño de apropiarse de la televisión andaluza con sus discursos y argumentarios, pero a costa de su descrédito, porque el problema de retorcer la realidad termina colisionando con la misma realidad; y más ahora, cuando las redes sociales nos ofrecen múltiples oportunidades para desmontar cualquier intento de manipulación informativa. A pesar de sus cánticos democráticos, la obsesión de los partidos (todos) con el control de los medios no es más que un paso adelante en el deterioro de la calidad democrática de nuestro país. La legitimidad democrática no se adquiere sólo con el dictamen de las urnas, hay que acompañarlo también con un comportamiento coherente con la esencia de los principios democráticos. Como bien dice el poeta y columnista Luis García Montero, “gobernar no significa entender las instituciones como una propiedad privada, sino gestionar el bien común con respeto a la entidad de lo público”. O lo que es lo mismo, lo público no puede ser el cortijo del gobernante.