Año electoral

Este año 2023 que acabamos de comenzar y a punto ya de culminar la tradicional cuesta de su primer mes estará marcado por dos importantes procesos electorales, las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo y las elecciones generales que tendrán lugar como muy tarde el domingo 10 de diciembre, si el presidente del Gobierno no decide adelantarlas, cosa que parece muy poco probable.

Nos aproximamos inexorablemente hacia esos acontecimientos cuando la sociedad se encuentra en pleno debate respecto a una serie de medidas y leyes de este gobierno con una enorme transcendencia y que sin lugar a dudas condicionarán la estabilidad política y social de los próximos años.
En primer lugar la Ley del Sí es Sí, un auténtico bodrio legislativo, que abandona a las mujeres, las deja totalmente indefensas ante sus agresores sexuales y violadores, que excarcela y rebaja penas a los condenados y que ha servido lamentablemente también para que la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, haga risas, bromas y cachondeítos con sus amigas y compañeras podemitas.

En segundo lugar, la reforma del Código Penal, que elimina el delito de sedición y rebaja el de malversación, que beneficia claramente y sin ningún tipo de discusión a los condenados del ‘procés’ y que tenían como objetivo la independencia de Cataluña atentando claramente contra la Constitución que defiende la unidad e indivisibilidad de la Nación española. No deja de ser curioso y sorprendente que se haya llegado a esta situación cuando el Sr. Sanchez en el año 2018 decía textualmente: “El delito cometido por los independentistas en Cataluña fue un delito de rebelión, una sedición y los responsables deberían ser extraditados a España.” En el año 2019, en plena campaña electoral dijo: “Me comprometo a traer a Puigdemont a España”. Terminada la campaña electoral y ya elegido presidente, el discurso era totalmente diferente, entonces decía: “Tenemos un Código Penal que no se corresponde con la época que ha tocado vivir en España, que no tenemos delitos homologables a los que ocurre en otros países Europeos, si consigo los votos necesarios en el Parlamento, el gobierno modificará el delito de sedición”. Claro ejemplo de cómo intentar permanecer en el poder a costa de lo que sea y a costa de quien sea, incluso a costa de premiar a aquellos que atentaron en su día contra la unidad de la Nación española consagrada por la Constitución.

En tercer lugar, el asalto al Tribunal Constitucional por parte del gobierno con el nombramiento como magistrados de dos altos cargos del gobierno de Sánchez, una exdirectora general y un exministro de Justicia, dos personas con claro perfil partidista con el único objetivo de intentar controlar de manera muy poco disimulada la mayoría de dicha Institución, asunto muy grave que pone en tela de juicio la neutralidad del propio Tribunal y debilita claramente nuestro Estado de derecho.

Inmersos en esos debates, con un crecimiento económico debilitado, con unos presupuestos generales falsos, ficticios y obsoletos, con un país tremendamente endeudado (el que más se ha endeudado de toda la Unión Europea después de la pandemia), con una inflación en niveles preocupantes y con un gobierno alejado de la realidad, afrontamos este año electoral en el que los ciudadanos afortunadamente, y a través de su voto, se pronunciarán.