En enero pasado, los pacientes en lista de espera en Jaén – entre intervenciones y consultas-, eran casi ciento catorce mil personas. No es muy sorprendente puesto que en Andalucía superaban el millón. Son cifras tremendas que explican el deterioro acelerado de nuestra Sanidad pública; la media de demora para el médico de familia está en diez días incluida la consulta telefónica, y por tanto las urgencias están permanentemente colapsadas.
La mayoría de especialidades médicas son un laberinto, con citas incluso superiores a los dieciocho meses y las reclamaciones se sustancian con el desvío de pacientes al sector privado, al mismo tiempo que crecen exponencialmente los seguros médicos.
¿Recuerdan cuando decíamos, orgullosos, que teníamos una de las mejores sanidades públicas del mundo?, o cuando el médico de cabecera no citaba más allá de un día de retraso. Es cierto que el gasto público en salud sufrió un gran descenso a partir de 2010, por la crisis provocada por la Gran Recesión, pero en Andalucía se ha acelerado el problema en los últimos cinco años del gobierno del PP. Y no obedece a un retroceso puntual, sino a una política deliberada, constante e institucionalizada de desmantelamiento de lo público, para engordar los negocios privados; de esta forma se ha visto en otras Comunidades donde gobierna el PP desde hace más tiempo, como Madrid o Castilla León.
Esta merma de la sanidad pública, tiene su correlato en los servicios sociales comunitarios, pero espero que en Andalucía no lleguemos nunca al límite intolerable y cruel que se dio en Madrid, con la prohibición de hospitalizar a los ancianos con Covid, en las residencias madrileñas. Estas instrucciones y la declaración de su Presidenta en sede parlamentaria, diciendo que “hubieran muerto igual en los dos sitios”, deben figurar en una historia universal de las infamias; porque afectaron a los ingresados en residencias públicas, los de las privadas sí fueron hospitalizados y un sesenta y siete por ciento consiguió sobrevivir, según estudios posteriores.
Los retrocesos conscientes en los Servicios Públicos, son incrementos de los negocios privados, y esas políticas rebajan nuestra dignidad como ciudadanos.
Nuestra democracia debe evitarlo.