Con el inicio de este verano las sentencias del Tribunal Constitucional sobre los recursos presentados por los expresidentes y exconsejeros condenados injustamente por unos EREs que eran legales, han ido apareciendo como ese soplo de aire fresco que, al menos en parte, sofoca el bochorno del mayor caso de “lawfare” de la democracia.
Empezó la temporada estival con la anulación de la condena a la exministra Magdalena Álvarez. Las noticias se fueron concatenando y el pasado día 3 de julio la Audiencia de Sevilla ordenaba “mandamiento de libertad” para los exconsejeros Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo, tras la anulación del tribunal que declaraba que se habían vulnerado sus derechos a la legalidad penal y a la presunción de inocencia. En la misma dirección se pronunciaría el TC con los expresidentes Chaves y Griñán y con el exconsejero Gaspar Zarrías, entre otros.
Dice un dicho popular que “la justicia no corre, pero alcanza” y esta vez alcanzó. Ni malversación, ni prevaricación, ni tramas políticas, ni leyes ilegales que valgan. Por fin la justicia corregía la injusticia.
Atrás quedaban, desde el inicio de la macrocausa, trece años de injusticias e inmundicias, algunas de difícil reparación, que han dejado su huella en el rostro de todos estos servidores públicos. Visto lo visto, cabe preguntarse cuánto pesará la conciencia, si es que la tienen, de quienes orquestaron esta operación inquisitorial. ¿Se confesarán en misa de 12 los repeinados y engominados?
¡No tienen perdón de Dios!
Ante tal tropelía, la actitud de la decencia no puede ser ni contemplativa ni mucho menos la de guardar silencio cuando personas honestas e inocentes han terminado de la peor de las maneras, inhabilitadas o en la cárcel y sin prueba alguna del delito. Si dantesca y estigmatizante resulta la falta de libertad, no menos espantosa ha redundado la sensación de indefensión. Trece interminables años, con todos sus días y todas sus largas noches.
Pero cuando la mentira ha campado a sus anchas de la mano del PP de Andalucía, no queda otra opción que contar verdades. Y vamos a ello.
La primera verdad es que el PP de Andalucía alimentó, difundió y se aprovechó vilmente como si no hubiera un mañana. La hipérbole del embuste se sustenta en la falsa premisa del fraude de 680 millones de euros, como ya informó la propia Cámara de Cuentas de Andalucía en 2012. Con este invento torticero, con la ayuda inestimable de la ultraderecha de VOX y con el papel jugado por Ciudadanos de felpudo, el gobierno de Andalucía para el PP era cuestión de tiempo. Eso sí, después de un acoso político sin precedentes en la democracia.
La segunda verdad es que el gobierno del PP y Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía ha seguido pagando, con el mismo anclaje legal y los mismos mecanismos presupuestarios de los gobiernos socialistas, estas ayudas socio-laborales a trabajadores (ERE’s), con un total de 64,5 millones de euros en sus cinco años de gobierno.
La tercera de las verdades, es que la verdad tiene que prevalecer siempre: “La verdad es lo que es, y sigue siendo verdad aunque se piense al revés” (A. Machado). Y la veracidad de los hechos es que todas estas personas, miembros de diferentes Gobiernos Socialistas de Andalucía, no sólo no se han lucrado, no sólo no se han enriquecido, sino que este interminable proceso político, judicial y mediático les ha acarreado un importante menoscabo económico y el acabose de la proyección de sus carreras políticas y profesionales. Amén del incalculable peaje en su salud. De las penurias de sus familias mejor ni hablar porque estremece ponerse en su piel.
La cuarta verdad: a pesar de toda esta ruin instrumentalización, el cambio de gobierno en Andalucía ha resultado perjudicial para la inmensa mayoría del pueblo andaluz. Me explico.
En 2001 y 2004 el gobierno socialista de la Junta, Manuel Chaves-Francisco Vallejo, aprobó sendos decretos de garantía de plazo de respuesta a intervenciones quirúrgicas, a especialidades médicas y procedimientos diagnósticos. Pues bien el actual gobierno, Moreno Bonilla-Catalina García, es incapaz de cumplir estos decretos, sacando a miles de ciudadanos andaluces del derecho a una respuesta sanitaria dentro del plazo legal. El resultado es que con este gobierno del PP en Andalucía la sanidad privada está haciendo su particular agosto mientras que los andaluces y andaluzas somos cada vez más pobres y más desiguales en salud. La pobreza y la desigualdad en salud es la peor de las pobrezas.
Con todo, hecho el daño, ahora lo razonable es sacar conclusiones sobre la deriva a la que desembocan todos estos espurios tejemanejes de las derechas, incluido el acoso y derribo a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, pues con el presidente parece que no pueden. ¿Dónde desemboca la deriva de estas maquinaciones de los poderes de las derechas?
En primer lugar, desagua en el mar de la desafección ciudadana hacia la política. Mal presagio. En segundo lugar, abona el terreno para que los muy, muy poderosos coloquen sus marionetas de fácil teledirección hacia sus propios intereses. Y en tercer lugar, consecuencia en parte de todo lo anterior, es la principal razón por la que personas con amplia formación intelectual y académica, con capacidad de liderazgo, con sólido compromiso social y político, desistan y se cuestionen, como ya verbalizó Pedro Sánchez, si merece la pena la entrega a la causa común y a la cosa pública. Si la respuesta es no, volverían a ganar los poderosos frente a la sociedad y el talento humano volvería a sus manos.
Sobran las razones para que la sociedad no se rinda, pero claro, para ello algo tendrá que cambiar en LA POLÍTICA con mayúsculas, empezando por dar el lugar que corresponde al espíritu crítico constructivo, tan denostado y tan imprescindible para el progreso de la humanidad.
“Veritas liberabit nos”. La verdad nos hará libres. ¡Salud!