Nuevo curso, mismas asignaturas

En estos días habrán oído repetidamente que "se inicia el curso...", ya sea referido al curso político, al curso escolar o a cualquier otro. No se trata más que de la vuelta a la actividad tras las vacaciones veraniegas pero la utilización de la palabra "inicio" dota de cierta ilusión de novedad, como si todo fuera a cambiar por arte de magia en nuestras vidas. Sin embargo, ya sabemos, y si no la realidad nos demostrará, que este recurso discursivo no proporcionará grandes avances en nuestro día a día.

Así, el curso político se "inicia" igual que se terminó. Feijóo no es capaz de asimilar una derrota dolorosa, en la que la última esperanza de la derecha fracasó cuando tenía todo a favor para llegar a la Moncloa, y mantiene un espectáculo absurdo que sólo puede llegar a algún puerto mediante el transfuguismo y la compra económica de la voluntad de algunos diputados. La realidad es que sólo busca una salida personal ante la revuelta interna que le devolverá a Galicia cuando se termine consumando su debacle. Mientras, Sánchez espera pacientemente negociando con socios y allegados las condiciones, políticas, económicas y judiciales, de un nuevo pacto de investidura.

Pero, a pesar de ello, ninguno de estos juegos de naipes va a cambiar lo sustancial. No tenemos Gobierno ni quien gobierne porque, como nos han recordado a raíz del alza del precio del aceite de oliva, "no hay solución política" para su desorbitado subida, como para otras cuestiones. Hasta hace no mucho, la principal función de un gobierno era dirigir la economía y los servicios estratégicos del país. Ahora, es el propio Gobierno el que se declara incapaz de intervenir en la economía, o en otros asuntos fundamentales para el ciudadano, indicando con ello la poca trascendencia de que gobierne uno u otro. La inflación y el precio de los bienes básicos sigue siendo un problema para los españoles, sobre todo cuando se compara con la escasa subida de los salarios, que han perdido un 7% de poder adquisitivo desde 2008 en España, un país en el que, a pesar de contar con el "Gobierno más progresista de la historia, el salario medio mensual es 480 euros inferior a la media europea. Es precisamente esta contención salarial la que ha permitido controlar el aumento de la inflación durante 2003 en España, un gran logro que Pedro Sánchez presenta ante sus socios europeos. Como vemos, si hay algo de lo que es capaz un Gobierno "progresista": no puede intervenir los precios ni el aumento de los beneficios empresariales que está detrás del alza inflacionista pero si consigue mantener bajos los salarios de los trabajadores, para asegurar los beneficios empresariales, e imponer impuestos inútiles y propagandísticos, como el de la banca, que terminan repercutiendo en los clientes.

Si hablamos del curso escolar, la cosa no cambia demasiado. Todos los años nos inundan con datos positivos sobre la inversión y las mejoras de nuestro sistema educativo. Pero la realidad, la que aportan los datos europeos sobre los resultados de los alumnos y las cifras presupuestarias, nos hablan de un problema enorme. Da igual que el gobierno sea de un signo u otro porque lo fundamental no cambia: se recorta el presupuesto, se reducen puestos de trabajo, se suprimen líneas y se castiga la educación pública.

Esta semanas hemos visto como el PSOE en Andalucía volvía a la carga advirtiendo sobre la política de recortes de Moreno Bonilla. El PSOE, sí. El mismo que redujo durante los años de Susana Díaz el dinero destinado a educación pública mientras aumentaba los recursos para la educación en las instituciones privadas. El partido que suprimía unidades en la educación pública y las ampliaba en la concertada. El que marcó el camino que ahora sigue el PP con paso decidido. Los recortes en Educación, la supresión de líneas y la pérdida de puestos de trabajo es un objetivo compartido, por lo que tampoco será un problema que vaya a solucionar la investidura. Han convertido la educación, como también la salud, en un asunto económico en el que nuestros niños son números y euros, como ha sido siempre en los negocios privados, y han desechado que lo que debería primar es la calidad de la enseñanza, la atención de nuestros profesionales y que los colegios sigan siendo un motor de crecimiento social, no del bolsillo de algunos.

Porque en el fondo no hablamos de otra cosa, aunque intenten distraernos. Mientras existan los recortes en el presupuesto público, no tiene sentido que aumente el dinero público destinado a centros privados. Si se reduce el gasto público en Educación, ¿cómo se puede pedir que se mantenga el dinero para que los padres elijan centros privados, existiendo la posibilidad de que elijan centros públicos? Estos padres pueden, y tienen derecho, a elegir pero no pueden esperar que se subvencione su decisión. ¿Dónde está el derecho a elegir centros en condiciones dignas para los padres sin recursos? Si hay que ahorrar dinero público es más lógico hacerlo reduciendo subvenciones a centros privados, ahora innecesarios porque ha aumentado la oferta pública. Estos centros son bienvenidos para quien quiera llevar allí a sus hijos, porque pueden elegirlos, pero no pueden exigir que el dinero para educación, que cada vez es menos, se dedique a ellos y se quite de centros públicos.

Imagínense que habláramos de vivienda. Un grupo de ciudadanos solicita que, al igual que las administraciones públicas financian viviendas de VPO o viviendas sociales a precios más reducidos, a ellos quieren recibir una subvención para vivir en la vivienda que ellos elijan, o la que se construyan ellos mismos, aunque sea de lujo, ya que también tienen derecho a elegir su vivienda. ¿Dejaríamos que la Consejería de Fomento financiara esas viviendas privadas para no suprimir ese derecho a elegir? ¿No es más lógico, y más liberal, que el dinero público se destine a la vivienda pública y que la vivienda privada se financie con el dinero de los particulares, que pueden decidir libremente donde vivir? De esto estamos hablando. Es cierto que la escuela concertada ha contribuido a la prestación del servicio y que la libertad de enseñanza y el derecho a la educación no limita la creación de centros. Pero no se puede reclamar un inexistente derecho a la subvención cuando el dinero público está siendo recortado. A no ser que el único objetivo aquí sea el negocio de algunos y no defender el derecho a subvencionar las decisiones de cada uno.

Y así podríamos seguir con otras cuestiones: la salud, el trabajo, los servicios públicos, etc. Los problemas no resueltos de la mayoría porque no tenemos Gobierno ni quien gobierne, mientras se trabaja en la consecución del beneficio para unos pocos. En definitiva, los mismos problemas, las mismas asignaturas, en un nuevo curso.