Reforma de humo

Los últimos días de 2021 nos trajeron una noticia que, como tantas otras, ha decaído en importancia conforme conocíamos su contenido. La cacareada reforma laboral ha ido pasando de "histórica" a "la única posible" en boca de sus protagonistas, un Gobierno de coalición que la convirtió en el símbolo de su triunfo. Enfrente, la derecha y, sobre todo, el PP ha tornado el inicial rechazo de Casado en una resignada aceptación, una vez consultado el BOE y la consiguiente llamada al orden de Aznar y la CEOE a su poco "letrado" líder.
En poco más de dos semanas, unos y otros han admitido lo evidente: se trata de una reforma tibia, que mantiene nuestro mercado laboral prácticamente como estaba y que aunque contiene cambios, éstos son demasiado conservadores como para llegar a ser la medida estrella del PSOE o Yolanda Díaz. Se trata de un Decreto-ley que firmaría cualquier partido político o cualquier organización sindical y patronal, como de hecho ha ocurrido.
Y esto es así porque, aunque no se reconozca, el objetivo no es acabar con la temporalidad en el empleo, ni con la precariedad laboral ni mejorar la flexibilidad. Se trata únicamente de cumplir el mandato de Bruselas a cambio de los millones del rescate europeo. La UE no iba a permitir tocar el núcleo duro de las reformas laborales del PSOE (2010) y el PP (2012), que consiguieron reducir los salarios al no poder devaluar la moneda. Como los fondos son cruciales para el Gobierno (asfixiado por la deuda y la lenta recuperación del PIB) y la CEOE (las empresas del IBEX recibirán el 75%) el acuerdo era fácil, ayudado por la cesión empresarial a dos demandas sindicales: prioridad salarial del convenio sectorial y recuperación de la ultraactividad.
Cuando se vende mucho humo, se intenta tapar la realidad. Sánchez y Díaz alardean de consenso con los agentes sociales pero el problema es que mucha gente se queda fuera. Los intereses de los más vulnerables, de los trabajadores más precarios y de las PYMEs, no han estado representados en las negociaciones y eso se traduce en el resultado. Las medidas más lesivas para los trabajadores no se tocan: no se recuperan los salarios de tramitación, los 45 días de indemnización ni la autorización administrativa para los ERE. Las pequeñas empresas no van a poder competir con las grandes, dopadas por la UE.
En lugar del tono triunfalista del relato, sería más útil, y sincero, el reconocimiento humilde de que no se puede cumplir una promesa, y de las causas reales del incumplimiento.