La Administración Pública (AP) es la entidad con mayor poder jurídico, económico y organizativo del Estado -administración europea, central, autonómica, provincial y local-, que tiene su razón de ser en la planificación, gestión, ejecución y desarrollo de tres actividades de interés público, dirigidas a ordenar y dinamizar la vida social y económica de toda la comunidad humana del país.
Estas actividades son las de “Servicio”, “Fomento” y “Control”. A través de dichas acciones, las AAPP interaccionan constantemente con nuestras vidas.
En la base de esa triple acción está el Derecho Administrativo, en sus múltiples variantes, pues toda acción administrativa debe ajustarse a un marco legal que haga que aquella no sea arbitraria ni caprichosa.
Pero la ciudadanía, la gente, en nuestra relación e interacción cotidiana y directa con la Administración Pública vamos experimentando, con el paso del tiempo, toda una variedad de sensaciones y percepciones personales, que, según confirman distintas fuentes sociológicas, se inclinan, estadísticamente y de forma mayoritaria, hacia la colección de quejas, agravios e incomodidades.
En esa relación cercana pero tensa, ¿debemos aceptar calladamente los silencios administrativos como respuesta normalizada, o admitir la barrera que se interpone para poder hablar directamente con el funcionario que lleva nuestro asunto?
O, ¿qué decir de la obligación de solicitar “cita previa” para casi todo, o de la surrealista y muy extendida atención telefónica a través de un robot?
O, ¿debemos resignarnos ante la rígida imposición de la administración electrónica, o asumir la dificultad en la recepción de notificaciones, no siempre fáciles de rastrear?
O, ¿es justo perderse en los itinerarios poco intuitivos de las webs institucionales, o callar ante la ingente burocratización documental exigida para poner en marcha cualquier iniciativa emprendedora, o de la ralentización y demora de las autorizaciones administrativas?
O, ¿qué decir del mejorable trato demasiadas veces altanero de algunos funcionarios y de algunos agentes de la autoridad?
O, ¿cómo reaccionar ante la frialdad de aquellas resoluciones sancionadoras o desestimatorias, apenas motivadas, que nos abocan al Contencioso o a la frustración, o como no abrumarse por el abigarrado y denso lenguaje de los “papeles” de cualquier administración?
Solo por exponer algunos ejemplos de situaciones, no universales, pero quizás bastante comunes.
Sí, también es cierto: las AAPP generan múltiples servicios públicos que nos mejoran la vida. La educación, la sanidad, la seguridad y los servicios sociales son pilares del Estado de Bienestar, que se completan con innumerables servicios básicos, que hacen que nuestras ciudades y barrios funcionen sin grandes contratiempos.
Detrás, en la sala de máquinas, en todos los niveles de organización de la administración pública, están los profesionales: el funcionariado, el empleado público. En otro nivel de decisión, dentro de la administración, se sitúan aquellos políticos que detentan cargo institucional de gestión pública.
Nuestra Administración Pública, como generadora y propulsora de servicios comunitarios y colectivos, en nuestros pueblos, en Andalucía y en España, funciona, digámoslo sin titubeos, bien.
Quien tenga la ocasión de viajar, incluso por los países de la Unión Europea, lo puede comprobar por mera comparación.
Sin embargo, la gigantesca y polivalente función de la Administración Pública, aquella que la obliga a relacionarse directamente, de tú a tú, con el ciudadano – a través de solicitudes, peticiones, autorizaciones, tributos, declaraciones, contratos, sanciones, ayudas, subvenciones, concesiones, subsidios…- es, en demasiadas ocasiones, impersonal, lenta, burocrática, enmarañada, distante, poco flexible.
Es difícil conocer las razones de fondo de este, digámoslo, presunto “desdén, despotismo ilustrado, paternalismo, distanciamiento o maltrato” administrativo.
Quizás resulte que vivimos en una época administrativa compleja, de hipertrofia burocrática y saturación de normativas superpuestas, de intensa fiscalización interna que, paradójicamente, genera más inseguridad en el fuero interno del empleado público que seguridad; un periodo dominado por el distanciamiento o cosificación del administrado, a lo que contribuye también, el tránsito total hacia la administración electrónica, tránsito quizás apresurado o poco explicado.
Esta situación estrecha, constriñe, y mucho, el margen de maniobra o flexibilidad, que siempre debe situarse dentro de la ley, de los procedimientos y el de los propios funcionarios.
Sin embargo, los ciudadanos administrados debemos conocer que las normas y sus procedimientos no están escritos sobre granito u obsidiana; no son rígidos, indelebles e inflexibles, y que, por tanto, admiten, en la actualidad, más y mejores interpretaciones administrativas, que, sin dejar de ser garantistas para el funcionario y el sistema, sean a la par más sensibles, más favorables, más empáticas y cercanos con la gente y sus problemas.
Afortunadamente ya hay muchos funcionarios en esa línea. El legislador, también por fin, empieza a virar el timón en esa dirección, desburocratizando.
Son numerosas las corrientes doctrinales y la jurisprudencia que avala el uso sensible, flexible y pedagógico de la norma, que, en caso de duda razonable, resuelva siempre a favor del ciudadano.
En este marco, la Administración Pública debe ser más valiente y avanzar aún más en este camino de la dulcificación del trato y de la humanización de la relación con el administrado, facilitando al máximo sus legítimos intereses y sus derechos, evitándole, en lo posible, indefensiones y situaciones incómodas y exasperantes.
Los funcionarios -no en vano todos somos ciudadanos administrados- estamos capacitados, y sin salirnos un ápice de la normativa administrativa, para actuar en esa dirección.
