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Pepe Fernández

Doñana y la maldición del Acuífero 27

Crónica política y social de Andalucía del periodista Pepe Fernández

 Doñana y la maldición del Acuífero 27

Foto: JUNTA DE ANDALUCÍA

Doñana.

El gran problema de Juanma Moreno Bonilla es como salir del jardín de Doñana donde se ha metido. Salir del follón sin perder la compostura y un buen puñado de votos en todo el país para el PP de Feijóo. Porque no se debe olvidar el encuadre electoralista que el gobierno andaluz ha pretendido dar, desde el minuto uno, a la regularización o legalización de tierras de regadíos en el entorno del Parque Nacional de Doñana.

La jugada estuvo clara desde el principio y el objetivo no era otro que arrebatarle el próximo 28M la Diputación provincial de Huelva a los socialistas que históricamente vienen gobernándola, feudo propio, con un presupuesto anual de 207 millones con los que se tapan muchos agujeros y bocas en Huelva.

Además, sobre el mismo asunto se lleva hablando hace años, es como el Guadiana que aparece y desaparece en función de temporadas de elecciones o de sequía.



Moreno Bonilla y el PP creyeron que valía la pena porque les rentaba electoralmente echar el órdago tras aquella otra trifulca donde el PSOE andaluz, con un recién llegado Juan Espadas al liderazgo, optaron por abstenerse en el Parlamento, decisión que muchos votantes y militantes socialistas no entendieron. De hecho algunos diputados no ocultaban ser partidarios de haber votado no.

El PSOE se abstuvo

El PSOE cuando se abstuvo, confesó que una cosa es legalizar tierras de regadíos y otra bien distinta que puedan regar, dado que no hay agua en el célebre Acuífero 27 y no la habrá, salvo que se decida acelerar la lenta muerte de muchas hectáreas de parque legalizando nuevos regadíos. Posibilidad que muchos han visto acelerada con la aprobación del plan legalizador de la derecha. Siempre se creyó que el tibio posicionamiento socialista se debía a que había ayuntamientos y alcaldes de su partido en la comarca favorables a la “paz social” que vendía y pretendía el PP y que contentan a muchas familias afectadas. Y porque a nivel de calle en Huelva y particularmente en la comarca de la Corona Norte de Doñana la preocupación número uno es lograr poder regar sus parcelas sin que aparezcan los agentes de la autoridad con el cierre y la multa correspondiente.

En todo este tiempo de debates celebrados en el ámbito regional siempre se habló más de 'las personas que de los patos’, expresión que históricamente han arrojado los agricultores lugareños contra los conservacionistas de Doñana, alertadores científicos de la gravísima deriva que la Ciencia diagnostica documentadamente sobre el futuro inmediato del parque; dicen los expertos que a estas alturas la supervivencia de Doñana está alcanzando el punto de no retorno. En palabras más llanas, el parque de Doñana sufre heridas de pronóstico reservado.

PP y Vox de la mano

Los populares en esta operación han contado con el entusiasta apoyo de Vox, la formación que más ha removido sin mucho éxito ciertos núcleos en Huelva en favor de la iniciativa de legalizar regadíos. Lo hicieron desde que tocaron poder en 2018, para ellos lo de menos son los efectos del cambio climático del que son descaradamente negacionistas. Pese al negacionismo confeso de Vox, al acompañamiento no le hizo ascos el PP porque de lo que se trataba era de hacer ruido, aparentar cuantos más apoyos populares mejor y en esa finta tenían en el guion una sorpresa trampa para el PSOE. Someter el PP en los ayuntamientos onubenses una moción de apoyo a lo que plantea el gobierno de Moreno. A ver qué hacían los alcaldes y concejales socialistas afectados que, presumían hace un par de meses en el PP, romperían con la disciplina de voto impuesta por la posición oficial del partido y el gobierno de Pedro Sánchez sobre Doñana.

Se las prometían muy felices pero no contaron con la reacción de Bruselas que, por fin, parece que tiene utilidad tangible a pie de marisma. Para la UE, España no estaba cumpliendo con lo dictado por la Justicia europea y, para colmo, ahora un gobierno autonómico propone la toma en consideración de una ley al parlamento regional donde, según la UE, se perjudican claramente los intereses de conservación futura de Doñana.
No es justo porque no es cierto responsabilizar al PP y a su presidente en exclusiva de la actual situación de Doñana, entre otras cosas porque aquí se está dando desde hace décadas sentido al refranero que dice “entre todos la mataron y ella sola se murió”. Andalucía ha sido gobernada durante treinta años por el PSOE y en la Moncloa ha habido alternancia entre Psoe con Felipe González, Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez y el PP con José Mª Aznar y Mariano Rajoy.

Alfonso Guerra propone soluciones

El PSOE de Pedro Sánchez parece haber olvidado las responsabilidades políticas y de gestión del gran humedal europeo por parte de su partido durante las últimas décadas, ya sea con las competencias autonómicas o las del Estado. Recuerden que allí Alfonso Guerra estuvo de joven contando galápagos y años después siendo ya vice Dios con Felipe González acabaría nada menos que de presidente del Patronato de Doñana. El mismo Guerra que ahora sale proponiendo soluciones que nunca antes se impulsaron cuando se estaba a tiempo, como la permuta de terrenos fuera de Doñana para los perjudicados. Aunque quizás al que fuera considerado como látigo del PSOE lo que le pida el cuerpo en Doñana sea afrontar una reconversión a fondo para salvar el parque. Bien mirado más coste tuvieron las reconversiones de los astilleros en su época con Carlos Solchaga de ministro de Economía.

De pronto un nuevo PSOE de Pedro Sánchez aparece ante la opinión publica como el gran salvador de Doñana, olvidando el inmediato pasado y lo más importante: nunca el Parque Nacional de Doñana fue objeto de tanta atención gubernamental como ahora, salvo en el bla bla bla del rifirrafe electoral o parlamentario. Después de esto que está pasando, ya nada deberá seguir igual que hasta ahora.

Pero lo cierto y verdad es que tras el enorme ruido montado gracias precisamente al contexto electoral elegido por Bonilla y el PP para remover el avispero de Doñana y la respuesta inusualmente dura y firme de la vicepresidenta Teresa Rivera, ha entrado en juego Europa a través del Comisario de Medio Ambiente Virginijus Sinkevičius, nombre que nos puede recordar el mundo de Asterix.

Bonilla se pone serio

En dos semanas a Juanma Moreno se le ha borrado su eterna sonrisa Floid, llegando a perder la compostura y las formas con una periodista que le preguntó por algo que no sabía qué responder. Literalmente le han amargado su primera feria de abril de Sevilla presumiendo de mayoría absoluta, siendo como es el nuevo Rey del Mambo andaluz en los palcos de gañoteo institucional en la Real Maestranza, los mismos que antes ocuparon algunos presidentes socialistas. Fue cuando envió a su 'gran capitán' Ramón F-P a Bruselas pero sin ejército. Volvería descompuesto y casi llorando. No era para menos, Fernández-Pacheco salió de la reunión con Sinkevičius queriendo aparentar que todo había ido bien, que por fin se había abierto un diálogo con Europa, que los malos y responsables de todo eran los del gobierno de Sánchez, los que se niegan a sentarse en una mesa a negociar con la Junta, llegando a aludir a la socorrida herencia recibida de los socialistas en Doñana.
Poco debió gustarle al comisario europeo de Medio Ambiente el discurso electoral del consejero a las puertas de su despacho que, poco después, su oficina hacia público un comunicado que, entre otras cosas, afirmaba que “Si se aprueba como se ha propuesto, (la ley del PP-Vox en el Parlamento andaluz) podría degradar el humedal protegido de Doñana, uno de los más grandes de Europa y de suma importancia para la coherencia de la Red Natura 2000″. Más claro, agua, la poca agua que día a día va quedando almacenada en el tristemente célebre Acuífero 27.

Teresa Rivera, una de las ministras que más le cuesta sonreír, le vino bien su semblante serio y solemne para dejar sentado al responder a la Junta que el gobierno no negociará bajo el chantaje de la toma en consideración de una ley que podría estar aprobada por la vía de urgencia antes de que acabe julio. “No caben enmiendas, solo cabe la retirada. El Gobierno central no tiene intención de negociar ilegalidades” afirmó con contundencia la titular de Transición Ecológica. Tanta rotundidad y firmeza recuerda mucho a la que sostuvo el gobierno de Rajoy, con Juan Ignacio Zoido en Interior, cuando amenazaban a los independentistas catalanes con la aplicación del articulo 155 de la Constitución del 78 que, puestas como están las cosas, es oportuno recordar: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.

Un artículo que al igual que se empleó contra el secesionismo catalán, perfectamente podría emplearse de persistir la Junta en su proyecto con Doñana, tachado de ilegal por Madrid y Bruselas. A la vista del tono empleado por el gobierno de Sánchez no es descartable que la retirada de competencias sea una de las posibilidades a barajar en caso extremo, antes de tener que afrontar una multa de 300 millones contra el Reino de España.

La Junta reconoce el no de Bruselas


Como no podía ser de otra forma el gobierno andaluz ha acabado reconociendo la existencia de trabas importantes por parte de Bruselas a su nada consensuado proyecto que es tanto como asumir que la proyectada ley la van a tener que devolver a los corrales.
Y en esas debe de estar el Sr Presidente de la Junta, sin dormir, buscando los caminos que le permitan salir airoso de una pelea que, a día de hoy, le ha obligado a dejar demasiados pelos en la gatera. (Como se nota que Bendodo ya no es el responsable de la Inteligencia Artificial en Presidencia) De momento su portavoz y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón F-P Monterreal, ha quedado bastante tocado, chamuscado en términos políticos, ni el fondo ni las formas empleadas le han ayudado a evitar una imagen ciertamente patética, de cabreo mal disimulado de niño perdido en Bruselas.

Toda esta trifulca que se ha vuelto a montar sobre nuestro gran parque, hayan actuado de buena o mala fe unos u otros, lo que sí va a dejar son unos efectos colaterales a considerar y evitar cuando parece que se está a tiempo y que pueden acabar perjudicando gravemente al sector empresarial de los frutos rojos de Huelva. Efectos que van desde el enfrentamiento entre agricultores que riegan desde la legalidad y entre quienes aspiran a ser legales, aunque no haya agua que les puedan dar. Como también pueden causar daños muy serios las campañas contra el consumo de productos regados con el 'agua robada' al Parque Nacional de Doñana.

Juanma se seguirá equivocando si en esta bronca siguen criticando al árbitro, como están haciendo los suyos desde el PP Europeo, acusando al comisario Sinkevičius de “hacer campaña por Pedro Sánchez con tantas advertencias a la Junta”, además de poner en duda la independencia de criterio del comisariado porque un hijo del ministro Luis Planas, funcionario y diplomático de carrera, trabaja de asesor en el gabinete de la Directora General de Medio Ambiente. Acusaciones y dudas que solo sirven para trasladar la crispación y la política de bajo nivel que se cultiva en España al gobierno de la Unión. Como será el nivel de mosqueo que la presidenta se ha visto obligada a salir ayer a través de su portavoz y proclamar que “Von der Leyen tiene confianza en todos sus comisarios”, y nuevamente se empleó el argumento legal para respaldar la posición del gobierno europeo: “La Comisión está cumpliendo su papel de gestión de un expediente en base a la legislación en vigor, hay decisiones de la justicia en esta materia, y se mantiene estrictamente en su papel institucional” afirmó el portavoz de la Comisión, Eric Mamer.

El presidente de la Junta sabrá calibrar en términos políticos qué puede suponer de beneficioso para los intereses de los andaluces - no del PP- ser el primer gobierno regional que se enfrenta abiertamente a la autoridad de la Comisión y a lo dictado por la Justicia europea. Visto lo visto hasta ahora, Moreno Bonilla debería actuar con más prudencia y si puede con mayor astucia e inteligencia. No por él ni por su partido, sino por los andaluces y los importantes intereses en juego que dependen de la autoridad comunitaria. “Una retirada a tiempo es una victoria” dicen que dijo Napoleón que de estrategia debía saber algo más que el presidente Juanma. Mucho está tardando.

El Acuífero 27 no da para más, está como el planeta, maldito desde hace años y siendo ese el problema clave de nuestro gran parque, las medidas aplicadas nunca fueron para favorecer el ascenso o mantenimiento de sus niveles de agua, siempre atendiendo demandas sociales y económicas, poniendo parches, pero sin entrar en el fondo de la cuestión, la clara incompatibilidad contrastada entre cultivos que se nutren de agua subterránea y la supervivencia del parque. Lo único esperanzador de este cruce de caminos actual es que parece que ha concluido el tiempo de las medias tintas y que a Doñana le ha llegado la hora de la verdad. Ojalá.