Si no fuera por el Mundial, por Argentina y por Francia y otras cuestiones igual de trascendentes, habríamos pasado una semana angustiados por la posibilidad de que España sufriera un "Golpe de Estado", bien de la derecha o de la izquierda, y de que la Constitución desapareciera espontáneamente, fruto de alguna decisión política o judicial, y con ella la Democracia como la conocemos. Menos mal que algunos jueces decidieron esperar a ver si Messi vencía a Mbappé antes de pronunciarse, con lo que salvaron a España y a todos nosotros, al menos durante unos días más.
Esta ironía se hace necesaria para evitar caer en el espectáculo del drama y la hipérbole permanente en el que se ha convertido el debate político, que oculta lo trascendente y objetivo para alentar los sentimientos y las pasiones más irracionales, de forma que cueste trabajo opinar sin declararse acérrimo seguidor y defensor a ultranza de unos u otros. Nuestros políticos están convencidos, y sus asesores aún más, de que la exageración maximalista les es útil y por ello, aunque lo pueda ser también para el rival, no dejan pasar la oportunidad de llevar al extremo cualquier asunto. Uno es de la opinión de que lo más que provocan en la ciudadanía, en la que no vive o no aspira a vivir de esto, es hartazgo, incomprensión, desafección e indiferencia, disminuyendo así la participación política de los españoles. Y si no participamos, si no creemos que todo este espectáculo importe o sirva para algo, difícilmente vamos a conseguir cambiar nada. Quizás por ello, porque así todo seguirá igual, el show va a continuar.
Esto nos deja dos opciones validas para conservar nuestra salud mental: alejarnos de los asuntos que centran la actualidad o participar desde otra posición, sin dejarnos llevar por los relatos de cada parte.
De esta forma podríamos opinar sobre el conflicto que se está viviendo entre el Poder Legislativo y el Tribunal Constitucional, que tiene una vertiente formal de menor importancia, sobre cómo se tramita una reforma legislativa, y otra política de mayor calado, sobre la pugna entre los órganos de representación popular y los órganos técnicos que nuestro sistema reconoce.
El Gobierno, el PSOE, ha tardado demasiado en entender y en decidirse a actuar ante el bloqueo ilegal de la renovación de los cargos judiciales, tanto del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional. Este bloqueo, le pese a quien le pese, se ha producido porque los miembros de nuestros órganos constitucionales (de todos; sean magistrados o no), actúan como órganos de partido, ya que estos órganos constitucionales se cubren con cuotas de partido. Punto. ¿O alguien es tan ingenuo como para pensar lo contrario? Se debe respetar su función y sus actuaciones pero eso no quita que sea evidente que si no se han renovado en el plazo que marca la Constitución ha sido para hacerlo cuando la mayoría de las Cortes fuera favorable al partido que los nombró, el PP.
El Ejecutivo, una vez ha visto que perdía la oportunidad de nombrar a representantes afines, como hacen todos los Gobiernos y les permite la ley, ha actuado y se ha puesto a legislar como se suele hacer en este país desde hace años, sin respetar las vías parlamentarias y procedimentales previstas. Se han modificado tres Leyes Orgánicas (el Código Penal, la del Poder Judicial y la del Tribunal Constitucional) y "aclarado unos matices" de otra (la Ley del "Solo sí es sí") introduciendo unas enmiendas en una Proposición de Ley, tramitada por urgencia, sin informes de los órganos consultivos ni comparecencias, y estas enmiendas nada tienen que ver con la propia Proposición de Ley. El Tribunal Constitucional tiene jurisprudencia que marca que esto es inconstitucional, por lo que hubiera sido muy simple esperar a que se produjera la aprobación de una norma que puede ser inconstitucional y proceder a recurrirla, como se hace tan a menudo, bien por contenido o por el procedimiento, pidiendo su anulación. Sin embargo, la oposición ha optado por la vía del show, intentando que el TC actúe preventivamente, como ya hizo en Cataluña en 2017.
Por otro lado, el error en las formas del Gobierno, además de haberle dado a la oposición la oportunidad del pataleo y el recurso, ha permitido cohesionar al bloque que soporta al Ejecutivo y ha desviado la atención de la modificación del delito de malversación, que suponía un problema para algunos miembros del Gobierno y sus partidos. Todos ganan con el espectáculo.
El recurso del PP, jaleado por Ciudadanos y Vox, pretende lo que no se permite desde que se derogó el "recurso previo" de inconstitucionalidad, interferir en la separación de poderes, actuando el judicial sobre el debate y la formación de la voluntad del poder legislativo. Una cosa es que el TC controle las normas aprobadas por las Cortes y otra interferir en el funcionamiento del legislativo, donde reside la soberanía nacional. Eso no es control democrático; eso es gobernar. Y tanto el TC como el PP saben que permitirlo abriría una vía de ruptura en el Estado de Derecho. Sin embargo, también es cierto que ya ha hecho anteriormente y los mismos que ahora claman porque la derecha y los jueces atacan la Democracia, aprobaron que se hiciera respecto al Parlament catalán. No se puede decir que la situación y los hechos eran distintos. La forma y la decisión es la misma que ahora se pretendía: mandar al TC a prohibir debates, hacer control previo y meterse en la tarea legislativa, coartando la actividad del poder más importante de todos. Si la Constitución establece que el legislativo es la fuente de legitimación de todos lo demás poderes, puesto que es el único elegido directamente por el pueblo, debe ser controlado, pero nunca tutelado.
Pero, por último, y no menos importante, pretender que un Tribunal Constitucional politizado, dividido y con precedentes, cuide las formas y la imagen, evitando actuar sospechosamente de parte, resulta también iluso. Puede suspender la tramitación parlamentaria de la ley que reforma su propio modo de elección y puede no hacerlo, pero seguro que formará parte del espectáculo, puesto que hablamos de órganos judiciales lleven meses incumpliendo la ley en beneficio propio y de los intereses partidistas de quien los nombró.
Todas estas cuestiones son las que se han estado dilucidando estos días, mientras todos gritaban y se lamentaban. El Gobierno tramita una enmienda para desbloquear legítimamente un asunto que se le había atragantado. La tramitación de la enmienda puede ser inconstitucional pero, sin dañar los derechos de los diputados del PP, suspender su tramitación sería entrometerse en el legislativo y romper la división de poderes de nuestra Constitución. Un debate político, y formal, que no debería tener más trascendencia.
Sin embargo, el show que presenciamos en el que gente supuestamente razonable ha perdido las formas y ha defendido actuaciones indefendibles, tiene otros objetivos. Se ha alimentado la peor versión del debate político porque favorecía los intereses de todos. Unos logran justificar una mala reforma y desbloquean los órganos judiciales, mientras se evitan un engorroso debate sobre cómo han sido capaces de modificar el Código Penal para favorecer a unos pocos, y cohesionan al bloque de la investidura, despejando el complicado asunto catalán. Otros consiguen unificar a la derecha tras Feijoó, haciendo que C´s y Vox pasen a ser meras comparsas, y cuestionan la legitimidad del Gobierno, alimentando su principal argumento de cara a las elecciones, mientras obstaculizan el cumplimiento de la ley y la elección de cargos que no son los suyos.
Para conseguir estos objetivos, todos abusan del sistema y sus normas. Pero lo hacen tan a menudo y tan teatralmente que la gente va dejando de creer en ellos y en el sistema, porque lo conocen y están hartos del mismo, por mucho que intenten meternos miedo. Se dedican a inocular temor, mentiras y fantasías, escupidas contra el otro, como si ese teatro nos importara al resto.
Lo que pretenden es que terminemos sin querer saber nada de asuntos importantes, de cómo se gobierna nuestro país y se intenta mejorar nuestras vidas. Quizás por ello debamos participar del debate de otra forma, sin abusos, melodramas ni exageraciones, sin sus formas ni sus fondos.