Una de las noticias de esta última semana ha sido la denuncia por parte de un sindicato de la intención de nuestro Ayuntamiento de privatizar el centro turístico del Castillo de Santa Catalina. Rápidamente el equipo de gobierno negó dicha posibilidad, aunque utilizando una serie de argumentos familiares, que ya hemos escuchado en otras ocasiones, y que suelen conducir a situaciones ya conocidas por todos, es decir, a una nueva privatización. Nada nuevo.
En primer lugar, el Ayuntamiento utiliza eufemismos del tipo "sacar a licitación" en lugar de "privatización de un servicio público", cuando todos sabemos que una licitación pública es ofrecer a una empresa privada que realice un trabajo remunerado para una Administración. Es decir, es lo mismo que privatizar, aunque siempre nos digan que la Administración Pública seguirá conservando la titularidad del servicio. Evidentemente, ya que por imperativo legal no pueden ni renunciar a la titularidad, ni venderla ni alquilarla. Pero permitir que una empresa preste un servicio que debes hacer tú, que lo haga a cambio de dinero y se le permita gestionarlo a su antojo, obteniendo a cambio un beneficio, es privatizar el servicio. Da igual cómo lo llames: licitación, externalización, privatización, etc.
En segundo lugar, el equipo de gobierno de PP y Jaén Merece Más esgrime el beneficio que para Jaén tendría la "privatización" del servicio (perdón, licitación, o como quieran), ya que supondría, según ellos, poner el Castillo en el mapa turístico nacional e internacional y sin ningún coste para las arcas municipales. Más allá de qué significa eso de “poner en el mapa”, se trata de una curiosa forma de justificar una "externalización" que supuestamente no va a producirse, utilizando los mismos mantras de siempre, cuando la realidad de los servicios públicos privatizados es que disminuyen la calidad de la atención que recibimos, precarizan el empleo y aumentan el coste para todos nosotros.
En este asunto, como en tantos otros, se intenta convertir en verdad una mentira mil veces repetida, ya que termina calando en la opinión pública. Digo mentira, así tan claro, porque es la opinión del Tribunal Constitucional ante la afirmación de que los servicios privatizados no suponen un coste extra para las Administraciones. Lo público soporta el coste de todos los servicios públicos, también de los privatizados, ya que asume los gastos de explotación y las nóminas de los trabajadores, aunque pertenezcan a la empresa, y además debe afrontar el beneficio empresarial. Así, el Constitucional, en numerosas sentencias, ha determinado que dado que las nóminas de esos trabajadores las pagan las Administraciones, directa o indirectamente, y los costes de explotación también, el coste del servicio público privatizado es mayor. ¿O es que creemos que Aqualia, FCC, ALSA, Indra, etc. se gastan su dinero o van a renunciar a obtener beneficios? No, se gastan el dinero de todos y además reciben sus beneficios, con lo que ya me dirán dónde está el ahorro. Y si pretenden ganar más dinero, lo que se supone es el objetivo normal de toda empresa, sólo tienen que hacer una cosa: gastar menos, prestando peores servicios, con salarios más bajos o con peores materiales.
Otra de las cantinelas que más chirrían es la que nos dice que se debe gestionar el dinero público como "una empresa" o "una familia". Si esto fuera así, para empezar, la Contabilidad Pública no se estudiaría en la Universidad como asignatura independiente del resto de la Contabilidad, la privada. Pero aceptemos por un momento que esto pudiera ser así. Si, por ejemplo, el Ayuntamiento fuera una familia y tuviéramos que "prestar un servicio", como cuidar de nuestros hijos, podríamos hacerlo nosotros o contratar a alguien. Si contratamos a un profesional, tendremos claro de entrada que nos va a resultar más caro pero, al no poder hacerlo nosotros mismos, intentaríamos darle instrucciones para que lo hiciera igual que nosotros, es decir, controlaríamos el servicio. Pero si, como pasa habitualmente, ni decimos ni supervisamos nada, queda claro que el "servicio contratado", además de caro sería pésimo. Y dudo de que ninguna familia deje a sus hijos sin supervisión en manos de unos profesionales que le prestan un mal servicio y a un alto coste. Nadie gestionaría su familia así, y mucho menos estando "arruinado", como lo está el Ayuntamiento. Por eso, quizás la razón para que vivamos en una de las ciudades con más servicios públicos en manos privadas es otra: no es que lo gestionen como si fueran una "familia", sino que lo gestionan como "la familia", la de las películas de gánsteres, o para que se beneficien otras pocas "familias". Pero eso es otra cuestión.
En definitiva, no se trata de nada nuevo sino de los argumentos de siempre de estos supuestos liberales. Todo su empeño es asegurar los beneficios de empresas privadas, a costa de los usuarios y de sus trabajadores, y si en alguna ocasión, por desgracia, tienen pérdidas, ya se encargarán esas mismas Administraciones Públicas de darles nuestro dinero para seguir engordando sus bolsillos.
El liberalismo del que algunos hacen gala exige gestionar no como una familia sino como si el Ayuntamiento fuera "su casa" y el presupuesto municipal "su dinero". Así, ante la gestión diaria que vemos de estas empresas, se debería llamar (sea a FCC, Aqualia o Indra) y exigir cumplir pliegos y obligaciones, reclamar hacer en Jaén la inversión que se necesita y avisar de que iban a cobrar según la calidad de su servicio: si no quedamos satisfechos, ellos no cobran y llamamos a otra empresa, a ver si así bajaban los precios. Así de simple: el que paga manda y exige un servicio de calidad. Pero, independientemente de que el centro turístico del Castillo pase a ser otra privatización más o no, parece que no hay nada nuevo en la gestión municipal: seguiremos pagando de más por unos malos servicios públicos privatizados.