Venimos hablando de la proximidad de las elecciones municipales, de su importancia, de la baja participación, de las propuestas concretas para nuestra ciudad, del papel de la Administración local como la más cercana y, por tanto, más determinante de la vida de los ciudadanos, ... pero normalmente olvidamos que se trata también de un momento crucial para la erradicación o no de la corrupción, en tanto que los Ayuntamientos son las Administraciones relacionadas con más casos de corrupción en España.
Ante este asunto, cualquiera de nosotros tiene la percepción de que en nuestro país hay una alta tasa de corrupción. Todos utilizamos comentarios del tipo: "todos los políticos son iguales", "todos roban y si no han sido acusados no es porque sean inocentes, sino porque aún no los han pillado", "si te metes en política es para trincar", etc. Sin embargo, como decía, se trata de una percepción. Aunque conozcamos tantos y tantos casos de corrupción (desde EREs a Gurtel, pasando por Malaya, Noos o Mediador), los datos que se publican a nivel internacional nos dicen que en España no hay más casos ni por mayores cuantías que en los países de nuestro entorno, Sin embargo, esos mismos informes nos dicen que la percepción ciudadana de la corrupción es muy alta, que los españoles pensamos que nuestros políticos son los más corruptos.
Los motivos para esta percepción generalizada son variados pero uno en el que no suele repararse es que quizás esté relacionada con la percepción que tenemos de nosotros mismos, de nuestros conocidos, del conjunto de nuestra sociedad. Porque, aunque seamos muy intolerantes con la corrupción política (que la hay y es evidente), no lo somos tanto con otras que se producen en nuestro entorno y que conocemos a diario. No solemos generalizar ni acusar a colectivos enteros a pesar de la existencia de, por ejemplo, empleados públicos que cometen irregularidades, empresas que manipulan mercados y precios o pequeños autónomos que defraudan a Hacienda, con el IVA o cualquier impuesto. En esos casos ni todos son iguales ni son "nidos de ladrones", como si no fuera corrupción. Evidentemente ni la cuantía, ni la responsabilidad, ni la obligación de ejemplaridad es la misma pero nos dice mucho sobre cómo somos y cómo percibimos de forma diferente comportamientos similares.
Es posible que conocer todo este funcionamiento determine que pensemos que, como dijo FD Roosevelt para referirse a cierto dictador nicaragüense, nuestros políticos son corruptos pero, como se parecen a nosotros, son "nuestros corruptos".
Por otro lado, y en los Ayuntamientos se aprecia con más claridad, existe otro factor determinante de la corrupción y que normalmente no valoramos lo suficiente. Para que exista corrupción se necesitan otros dos elementos además de unos políticos codiciosos o avariciosos (o simplemente necesitados de mantenerse en el poder), como son los trabajadores públicos y los empresarios. Es decir, no puede existir un caso de corrupción sin que exista un técnico que consiente (activa o pasivamente) y un particular que financia a cambio de favores de algún tipo. Y habitualmente los dejamos fuera de nuestra valoración de la corrupción: ni los consideramos responsables ni creemos que sean sectores con altas cotas de corrupción.
No denunciamos que en nuestro país haya tanto empresario que idea, acepta o es convencido de financiar campañas, fiestas y/o los gastos varios de partidos y políticos. Tampoco tenemos en cuenta que las administraciones con mayores casos de corrupción son aquellas en las que hay mas trabajadores cuyo cargo depende de un nombramiento político. En muchos casos estos dos elementos son los más determinantes para el surgimiento de la corrupción y, por eso mismo, son aquellos que deben ser corregidos o eliminados de la ecuación.
Cuando se acercan unas elecciones municipales deberíamos saber que el grado de corrupción de la próxima administración estará en función de si el futuro profesional de muchos empleados públicos depende de la elección. No se trata sólo de que haya mucho trabajador que pueda ceder ante las presiones o los ofrecimientos irregulares de políticos o empresarios relacionados con la Administración. También otros trabajadores, menos influenciables o más honestos, pueden verse obligados a silenciar los favores o trapicheos de sus compañeros, ya que es sabido que ante un escándalo o una denuncia, su puesto de trabajo peligrará. Porque aunque se blinde el empleo de un funcionario, todos son conscientes de que pueden vivir un infierno o acabar en el último rincón de la administración si se niegan o denuncian la corrupción.
Fuera del Ayuntamiento, en el sector privado, también el futuro de muchos empresarios y autónomos depende de quién sea el Alcalde o el concejal de turno, aquel que les facilitará el contrato o lo relacionará con el técnico adecuado para lograr el favor que necesitan.
En definitiva, todas estas prácticas execrables están en muchas manos, incluidas aún indirectamente las nuestras, y desvirtúan tanto la política como el funcionamiento de las Administraciones que tanto necesitamos. Pero, por encima de todo, nos hacen resignarnos ante un modelo de sociedad que nos delata a todos. Elegimos a unos o a otros por diversas razones, no siempre las más correctas ni objetivas, pero lo que nunca debemos es obviar la corrupción, tanto la existente como su funcionamiento, para no acabar aceptando que sí, serán corruptos, pero, como mal menor, que sean "nuestros corruptos".