Gran revuelo ha levantado el anuncio del presidente de reforma del Código Penal para sustituir el delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados, lo que conllevará rebajar las penas y hacerlas similares a las que contemplan Italia, Francia y Alemania. Desde la derecha se ha vuelto a anunciar una nueva hecatombe, como si la reforma fuera a acabar con los cimientos del Estado, y desde la izquierda se aplaude la medida, como "valiente y necesaria".
Sin entrar a valorar una cuestión parcial del Procés, que sólo tiene que ver con sus consecuencias inacabadas (porque no interesa terminarlo a la mayoría de partidos) y negociada en paralelo con la aprobación de los presupuestos, la noticia parece haber despertado poco interés en la mayoría de la población, ocupada en sus verdaderos problemas. Estos problemas, que resultan lejanos a nuestros representantes, pueden conocerse contemplando, o asistiendo, que es mejor, a las numerosas convocatorias de manifestaciones y huelgas que arrasan nuestra geografía, en contra de distintos gobiernos, nacional y autonómicos. Desde la Sanidad Pública madrileña en pie de guerra contra Ayuso, y la cántabra contra Revilla, a los transportistas contra Sánchez, pasando por los sindicatos que reclaman una mejora salarial y los trabajadores de Renfe y los de Vueling, los conflictos laborales y sociales son los principales problemas de unos españoles que más que por la sedición catalana, protestan por sus salarios y sus condiciones de trabajo y de vida.
Tan es así que el propio Banco de España, poco preocupado normalmente del español de a pie, cree que la elevada inflación y el incremento de los tipos de interés "estarían elevando ya el grado de presión financiera soportada por los hogares, especialmente entre aquellos de menor renta". ¡Cáspita! Todo un descubrimiento. Y llevan razón tan avispados analistas porque a pesar de que el Gobierno se vanaglorie de que nuestra inflación ya está por debajo de la media europea gracias a su trabajo (ha bajado al 9%, frente al 10,9%; todo un triunfo), lo que nos viene por delante, con más subida de tipos y la condicionalidad de los fondos europeos, puede ser de órdago.
Muchos españoles viven al límite, como trabajadores pobres, y sin capacidad para afrontar un gasto imprevisto. Frente a este difícil panorama para tantas familias, lo que nos encontramos es que los Servicios Públicos, los que sostienen muchas cuestiones fundamentales de nuestra vida, están cada día más pauperizados. Y más que lo estarán si siguen calando las mentiras liberales, aquellas que hacen que distintos partidos se peleen por plantear la mayor rebaja posible de impuestos directos, los que más hacen bajar la recaudación del Estado, mientras repiten aquello de que el dinero está mejor en los bolsillos del ciudadano. Pero sin decir de qué ciudadano, eso sí. Los bolsillos de muchos españoles están rotos y da igual las reformas de las que se discuta porque el dinero nunca se quedará en sus bolsillos.
Para todos estos españoles, los que no saben cómo vivir con estos sueldos y estos precios, y además sin Servicios Públicos, no importa la reforma del delito de sedición. La única sedición que conocen, como leí hace unos días en una red social, es la sedición de los ricos, a "los que les importa una mierda lo que nos pase a los demás".
Mientras nos distraen con cuestiones menores, los falsos patriotas plantean habitualmente una sedición del resto de españoles, pero quedándose con el Estado, al que ya exprimirán en su beneficio. Nuestro dinero en sus bolsillos, sin Servicios Públicos y teniendo que pagar los servicios privatizados, que son suyos, con tarjetas de crédito. Ese es el planteamiento. Y si no se lo creen, empiecen a pensar en los mensajes y los anuncios que nos llegan: la sanidad funciona fatal, no vamos a tener pensiones, los colegios están en malas condiciones y con mucho inmigrante, crece la inseguridad ciudadana, ... Frente a esto nos ofrecen: seguros sanitarios, planes de pensiones, colegios concertados y alarmas en nuestras casas. Pero nadie nos dice cómo vamos a pagar todo esto con nuestros sueldos y los precios de los productos porque les da igual si podemos pagarnos una cama de hospital o una operación, una vejez digna o una educación de futuro para nuestros hijos.
Pretenden destruir España, nuestro Estado, al que pagamos impuestos para poder tener un sistema educativo, sanitario, asistencial, de seguridad, etc. y hacernos creer que eso permitirá que se desarrolle el potencial de cada español. Son los mismos que utilizan el Estado y las administraciones para favorecerse, a ellos y a los suyos, y nos dicen que no nos preocupemos porque el "Estado no es de nadie".
Todos conocemos los problemas de España. Sabemos lo que funciona mal y a quienes pretenden que funcione peor para favorecerse. De lo que tenemos que convencernos es de que podemos hacer algo al respecto. No debemos perder de vista que el momento económico actual favorece que podamos enfrentarnos a estos sediciosos, a nuestros jefes y gobernantes, colectiva e individualmente, cada uno desde su posición. No debemos perder la oportunidad y seguir preocupándonos de nuestras cosas.