La principal tarea de cualquier Gobierno, del que sea, es la satisfacción de las necesidades de sus ciudadanos y, para lograrlo, dispone de una serie de recursos que convierte en bienes y servicios. La dificultad, que es también el problema económico fundamental, radica en que mientras los recursos son limitados, las necesidades y los deseos a satisfacer son ilimitados. Por tanto, la administración de lo público consiste en navegar esta contradicción: atender todas las necesidades posibles de la población con los limitados recursos, materiales y financieros, disponibles. Así, cualquier modelo de gobierno debería intentar ser mejor que el anterior en hacer frente a esta tarea, utilizando las políticas que crea convenientes: de redistribución, de gestión eficaz y eficiente, utilizando a una parte como motor del resto, etc. Cada Gobierno elije su modelo para conseguir equilibrar el problema de la economía.
Sin embargo, nuestro actual modelo (económico y social) ha seguido el camino inverso y se ha ido alejando de este objetivo cada vez más. Es algo que se viene denunciando hasta la saciedad (y en esta columna somos especialmente insistentes en ello) pero que no siempre se aprecia con claridad porque se haya envuelto en una serie de relatos falsos que se repiten continuamente.
Ya sabemos que nuestra sociedad es tremendamente desigual, al mismo tiempo que más rica que nunca. Esta paradoja, por la que los recursos se concentran en pocas manos, nos arrastra hacia un mundo en el que un pequeño porcentaje de la población acumula el grueso de la riqueza. Ante esta situación, la labor de un gobernante debería ser redistribuir la riqueza para equilibrar en la medida de lo posible esa desigualdad. Y no solamente porque sea una cuestión de justicia o de derechos humanos. Está comprobado que la igualdad económica y social favorece la estabilidad, la seguridad, el desarrollo y el futuro sostenible de cualquier sociedad.
Hasta aquí la teoría. Podríamos pensar que cada gobierno, en mayor o menor medida, intenta conseguir este objetivo aunque en ocasiones no lo consiga o no sea su prioridad y de ahí el mantenimiento de esa desigualdad. Utilizando los impuestos, la política financiera, las ayudas, las subvenciones, etc., el Estado transfiere rentas de unos individuos a otros para disminuir la desigualdad y atender las necesidades de todos. Sin embargo, lo que nos sorprendería es que el sistema estuviera diseñado para conseguir justo lo contrario: hacer que las transferencias de rentas vayan de los que menos tienen a los que más, para hacer a estos últimos más ricos y aumentar la desigualdad. Me dirán que esa es una afirmación ideológica y carente de base, una exageración con fines políticos. Bueno, pues vamos a ver los datos.
La OCDE ha publicado un informe que refleja que en España el 20% de la población con las rentas más altas recibió más del 30% de las transferencias públicas, mientras que el 20% con los ingresos más bajos sólo recibió el 12%. En otras palabras, los más ricos reciben 3 veces más ayuda del Estado que los más pobres. ¿Sorprendidos? Resulta que el mismo Estado que nos llama a la solidaridad y a ayudar a los demás, interviene para enriquecer a los más ricos. Por otro lado, resulta que los mismos que repiten conceptos como meritocracia, para justificar su posición social, que claman contra las "paguitas" y explican el origen de la pobreza por la ausencia de cultura del esfuerzo, se llevan el 30% de las ayudas públicas que pagamos todos con nuestros impuestos, incluidos los más pobres.
Igual siguen pensando que esto no puede ser o que se debe a un error concreto fruto de una mala política. Entonces será mejor que veamos algunos ejemplos de cómo está diseñado este modelo para que siempre reciban más quienes más tienen.
Aquí, en nuestra tierra, sabemos algo de las ayudas europeas al campo, ¿verdad? Pues bien, también deberíamos saber cómo se reparte la PAC, gracias a la cual unas 60 familias, que están entre las 200 más ricas de España, cobran una media de 1,1 millones de subvenciones por cada sociedad, mientras que cada uno de los 900.000 agricultores españoles se reparten 44.000 euros. Ese es el modelo: a más tierras y más riqueza, más recibes; no según lo que necesites sino en función de lo que ya tienes.
Otro caso. Estos días ha desaparecido la ayuda del Gobierno de 20 céntimos/litro de combustible, que no ha dejado de ser un parche ante la histórica subida del precio de los combustibles. Sólo ha servido para aliviar en parte a los consumidores pero sin beneficiar a todos por igual. Los más ricos, que son los que hacen mayor gasto (y han aumentado éste con la subvención), son los que más la han disfrutado, mientras que quienes menos gasto hacen de gasolina y diésel apenas han incrementado su gasto y han recibido menos porcentaje.
De la misma manera, existen datos claros sobre a quién beneficia tanto las ayudas para la reducción del consumo de combustibles fósiles en el automóvil (ayudas al coche eléctrico, subvenciones a los motores menos contaminantes, etc.) como las tasas a pagar por los vehículos que más contaminan. Los primeros, y sus subvenciones, sólo se los pueden permitir aquellos con mayor poder adquisitivo, mientras que los más pobres se tienen que conformar con coches que destruyen más nuestra atmósfera y por los que pagan más impuestos.
Existe un ejemplo que suele pasar desapercibido. En la actualidad, la composición familiar de nuestra sociedad ha cambiado y cada vez son menos las familias con pocos recursos que tienen más de dos hijos. Así, la gran mayoría de familias numerosas pertenecen a clases medias y altas y son ellas precisamente las que disfrutan de las subvenciones y descuentos que se ofrece por ser familia numerosa. De nuevo el modelo premia a un hecho relacionado con una mayor renta, no en función de las necesidades.
Se puede comprobar también como las ayudas públicas a la rehabilitación de viviendas acaban siempre en los inmuebles de la zona alta, que son quienes superan las trabas administrativas y tienen la capacidad económica suficiente para anticipar el coste de las obras, tanto si son propietarios individuales como comunidades de vecinos. Los que más tienen, reciben más ayudas.
Si pensamos en la inmensa mayoría de las transferencias de renta que ofrece el Estado, están vinculadas al mundo laboral (subsidios de desempleo, pensiones, etc.) y muchas se perciben además vía impuestos, lo que deja fuera a muchas personas sin trabajo o que no ganan lo suficiente como para hacer la declaración de la renta. Por ejemplo: el mínimo exento del IRPF, que sólo afecta a quienes pagan impuestos; la prestación por desempleo, que requiere un mínimo de dos años trabajados para empezar a percibirse o la deducción de 100 euros por hijo a cargo de las madres trabajadoras, de la que sólo se benefician las mujeres que tienen un empleo.
Ahora el Gobierno ha anunciado la rebaja del IVA de productos básicos, que sabemos irá destinada a los bolsillos de las grandes cadenas de suministro, que ya están revisando los precios al alza para compensar la medida.
Y todo esto por no hablar de los rescates de las autopistas de Florentino, de los 65.000 millones de euros del rescate a la banca (¿ha habido alguna ayuda a los hipotecados que no podían pagar las hipotecas?), los aeropuertos inservibles y una larga lista de infraestructuras inútiles y decisiones interesadas que sólo han servido para asegurar la rentabilidad de unos cuantos.
Podríamos poner múltiples ejemplos en los que los datos explican el funcionamiento del sistema. Y si un sistema repite continuamente esta dinámica, no se trata de errores si no simplemente de que está diseñado para conseguir ese objetivo: que siempre reciban más lo que más tienen. Por tanto, podemos decir que es tremendamente eficaz en cumplir con ello. La desigualdad aumenta y los ricos cada vez lo son más a nuestra costa, y encima no nos damos cuenta. Puede que usted haya dicho alguna vez que nunca ha recibido una beca, una subvención o un subsidio y será cierto. Pero lo más probable es que su vecino rico sí.
El sentido común nos dice que los ricos no necesitan dinero para la educación de sus hijos, para el coche eléctrico o para la gasolina y que la Administración haría mejor en destinar esos recursos a los más desfavorecidos. Pero el sentido común de nuestro modelo es otro.
Los trabajadores y las pequeñas empresas deben seguir abrochándose el cinturón para llegar a final de mes, trabajando más para cobrar lo mismo. No conseguirán "paguitas" y deberán pagar más. Pero es que entre todos tenemos que pagar las ayudas que reciben nuestros pobres ricos. Es nuestro desigual y eficaz modelo; disfrutémoslo.