Una ayuda, por favor

Más allá de la habitual propaganda con la que nos obsequian nuestros gobernantes, sobre todo en épocas de campaña electoral como la actual, estaremos de acuerdo en que de cualquier gobierno se espera que cumpla con ciertas responsabilidades, especialmente la de garantizar el bienestar, la seguridad y la protección de sus ciudadanos. Y generalmente esto siempre se cumple. Sí, no se sorprendan; he dicho justamente que nuestros Gobiernos (cualquiera de ellos y de cualquier signo) se encargan de que sus ciudadanos vivan mejor. Lo que genera nuestro malestar y nuestras críticas no es que no lo hagan sino que ese bienestar solo alcance a unos cuantos, a aquellos que no lo necesitan o directamente que no llame a nuestras puertas. Pero lo que no podemos negar es que cuando se gobierna, siempre se favorece a alguien. Veamos un ejemplo reciente.

La vivienda es un problema importante en España, especialmente para unos jóvenes que se enfrentan a dificultades para encontrar opciones de vivienda asequibles y adecuadas. Los motivos, varios y complejos, están encabezados por la falta de un empleo estable y por soportar unos salarios bajos, lo que dificulta el ahorro suficiente para comprar una vivienda o incluso pagar un alquiler. Además, los precios de la vivienda en algunas áreas urbanas, especialmente en grandes ciudades, son excesivamente elevados en relación con los ingresos medios de los jóvenes. El acceso a la financiación es también un problema para la juventud española, ya que las condiciones de los préstamos hipotecarios requieren un alto nivel de ingresos y un historial crediticio sólido.

Es una situación conocida, prolongada y que no solamente afecta a los jóvenes. Las dificultades para acceder a una vivienda no se deben únicamente a la actual crisis de inflación sino que se arrastran desde hace años, tanto en la vivienda en propiedad como en la de alquiler. El Banco de España ha avisado de que el mercado de la vivienda es uno de los grandes problemas estructurales de nuestro país, señalando que la mitad de los inquilinos está en riesgo "de pobreza o de exclusión" por los alquileres disparados y los bajos salarios y que 4 de cada 10 hogares en alquiler dedican más de un 40% de sus ingresos disponibles a pagar a sus caseros.

En el caso de los jóvenes, los datos asustan. El 64% de los españoles menores de 30 años viven con sus padres; de los que se emancipan, cada vez viven cada vez más de alquiler (solo el 25% es propietario); y lo hacen con un sobreesfuerzo, el 71% dedica al alquiler o a la cuota de la hipoteca más del 30% de su renta, lo que se aconseja para asegurar cierta solvencia. Es decir, ante una pérdida de trabajo o un aumento de la hipoteca o el alquiler, se ven en una situación económica crítica. Y todo esto con el añadido de las consecuencias de la espiral inflacionista de los últimos meses. Así, la subida del Euribor está suponiendo un drama para muchas familias, jóvenes y no tanto, incapaces de afrontar una subida de la cuota en este contexto de precios altos y salarios bajos.

Ante este panorama, conocido y estudiado, es más que necesaria la intervención del Gobierno, como así se le ha reclamado desde hace años. Se trata de un problema social, demográfico y económico, con diferentes aristas y consecuencias y que afecta a las expectativas futuras de gran parte de nuestra población. Y, finalmente, tras un largo debate político y mediático, tras anuncios y globos-sondas, en unas semanas, justo al final de la legislatura, el Gobierno de Pedro Sánchez, el Gobierno "más progresista de la Historia", ha tomado una serie de medidas para incidir en el mercado de la vivienda.

En primer lugar, se ha aprobado una Ley de Vivienda que, como se solicitaba, pone el foco en el alquiler. En los últimos años ha crecido el alquiler en España en términos generales, especialmente entre los más jóvenes, pero al mismo tiempo ni han aumentado los parques públicos de vivienda en alquiler a precios asequibles, lo que explica las enormes dificultades para encontrar una vivienda adaptada a la capacidad económica, ni se ha contenido los precios de la vivienda de alquiler privado. Sin embargo, la Ley, aunque con avances, deja demasiados flecos sueltos para que se pueda seguir imponiendo la lógica mercantilista, por lo que en la práctica es bastante probable que los precios sigan subiendo al mismo ritmo, al igual que las pérdidas de las viviendas.

El Gobierno también ha anunciado el aumento del parque público de vivienda en alquiler social, con cientos de miles de viviendas que saldrán al mercado próximamente. Sin embargo, una vez conocida la localización y composición de esta oferta, se puede pensar que la incidencia que tendrá la medida sobre el mercado inmobiliario, además del tinte electoralista del anuncio, es posiblemente escasa. Así que hasta ahora, más anuncios y voluntades que medidas concretas y viables.

Y, por último, Moncloa se ha sacado de la manga una medida estrella para potenciar la vivienda en propiedad y facilitar el acceso de jóvenes a una hipoteca. Como ya se ha hecho en otros países, como Reino Unido, y habían propuesto anteriormente desde Ciudadanos hasta el PP, pasando por el Banco Santander, el Gobierno ha anunciado la creación de avales del ICO, por el 20% del importe de la hipoteca, para solicitantes jóvenes y familias con menores a su cargo que compren su primera vivienda. En un primer momento, cualquiera de nosotros pensaría que se trata de una medida en la buena dirección, posibilitando que accedan a un préstamo hipotecario quienes más dificultades tienen. Sin embargo, a poco que se rasque empiezan a aparecer las dudas.

El aval público, que es sólo eso, un aval, favorece que el banco te conceda la hipoteca, pero no incide ni en el coste de la misma ni en tu capacidad para afrontarla, con lo que en la situación de bajos salarios y escasa capacidad económica que hemos descrito, el aval te empuja directamente a una deuda que posiblemente se convertirá en inasumible dentro de unos años. Además, facilitar el acceso al crédito hipotecario puede suponer un repunte en los precios de la vivienda, habida cuenta de que el aval del Estado facilita la concesión de más préstamos. Y, por añadidura, va en contra de la supuesta necesidad de aumentar el parque de viviendas en alquiler, tanto públicas como privadas, por lo que indirectamente puede incidir en el precio de éstas, disminuyendo en conjunto la oferta de vivienda asequible.

En realidad, quien sale favorecido de forma directa con la media es el sector inmobiliario-constructor y el bancario, que aumentan su negocio gracias al uso de dinero público para la creación de una nueva generación de "propietarios" con deudas inasumibles. Y aquí nos encontramos con un dato revelador. Las últimas encuestas de las instituciones financieras sobre préstamos bancarios dejan claro que nos encontramos ante un desplome histórico en la demanda de hipotecas, una importante fuente de negocio del sector, tanto directo (activo inmobiliario) e indirecto (productos asociados al préstamos, como seguros). Según datos del Banco de España, desde marzo de 2020, inicio de la pandemia, no teníamos una cifra tan baja en el número de hipotecas contratadas con los bancos.

Así que la medida estrella del Gobierno en materia de vivienda se trata en realidad de una ayuda directa a un sector "en dificultades", los bancos, que están encontrando una disminución de su negocio y temen una bajada de sus enormes beneficios. Si se tratara de cualquier otro empresario o autónomo, la respuesta sería que se buscasen la vida: "esto es el mercado, amigo" o "el mercado permite sobrevivir a los más fuertes, los más preparados o los más emprendedores". Sin embargo, ante una pequeña dificultad para ganar más dinero, en un sector que en 2022 batió todos los récords ingresando 20.850 millones, un 28% más, el Gobierno "más progresista de la Historia" decide actuar de inmediato y salir en su rescate, a costa de lo que se supone que es un derecho, como son nuestras viviendas.

Por tanto, y como decíamos al principio, se comprueba, en contra de lo que maliciosamente se pudiera pensar, que cualquier medida que anuncie un Gobierno va a estar siempre destinada a mejorar el bienestar de sus ciudadanos, al menos de algunos de ellos. En este caso de sus "ciudadanos accionistas y propietarios de bancos", que tan decididamente solicitaron "una ayuda, por favor" al ver menguar su negocio. Otra cosa es que esa ayuda no la recibamos ni usted ni yo ni los jóvenes de los que tanto hablamos, pero eso es otra historia. Lo que ha quedado demostrado es que este Gobierno no va a dejar en la estacada a quien le pida socorro de una manera tan educada. Tendremos que mejorar las formas.