Decíamos por aquí hace unas semanas que tenemos un sistema (económico, social, y gubernamental) diseñado para producir desigualdad económica, haciendo que reciban más (más ayudas, más subvenciones, más desgravaciones, etc.) los que más tienen, a costa del resto, y que es tremendamente eficaz en conseguirlo. Para corroborarlo, esta semana hemos asistido al enésimo "escándalo-espectáculo" de nuestros representantes políticos que, aunque volverá a ser efímero e insustancial, al menos nos sirve de ejemplo sobre los males que nos asolan.
Los medios de comunicación dieron a conocer que algunos políticos de renta alta eran solicitantes y beneficiarios legales de ayudas sociales destinadas a personas vulnerables. La primera noticia fue que Ossorio, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, cobraba el bono social de ayuda a la calefacción para personas vulnerables. Resulta escandaloso que fuera la misma persona que, ante los datos de pobreza de Cáritas, se reía alegando que él no veía pobres, aunque puede que se refiriera a que no veía más pobres que él mismo y su familia, a pesar de cobrar más de 100 mil euros anuales. Más escandaloso resultó que la líder de la oposición, de "izquierdas", pidiera su dimisión mientras se conocía que su marido, un alto ejecutivo de una multinacional, también había recibido la misma ayuda, supuestamente por error, aunque aún estoy intentando averiguar cómo se puede solicitar una ayuda "por error". Por último, conocimos que un diputado de VOX y un dirigente del PP de Madrid recibían igualmente esta ayuda para familias vulnerables, incluso solicitando ayudas para la instalación de la calefacción.
En definitiva, todo un "show" mediático que dio lugar a muchas declaraciones altisonantes y de corte moral sobre nuestros políticos y partidos pero que, como es habitual, no aportó nada ni, lo que es más importante, hizo ni va a hacer que nada cambie. Nos echamos las manos a la cabeza porque, en el país de la picaresca, alguno políticos sean un reflejo social y, aún cobrando 100 mil euros al año, pidan ayudas públicas. Pero es que esto es justamente lo que hacen habitualmente grandes empresas, fondos de inversión y empresarios, accionistas o propietarios millonarios, sin que nos indignemos e, incluso, sin que se indigne el mismo Gobierno que las diseña, las aprueba y las concede, supuestamente sin conocer sus consecuencias. Porque las cifras no mienten y demuestran que no se trata de "errores", "mal funcionamiento" o "unos cuantos sinvergüenzas": en España, el 20% más rico de la población se lleva el 37% de las ayudas públicas, el triple que el 20% más pobre, que solo recibe el 12% de las mismas.
Parafraseando al ínclito Rodrigo Rato, que algo sabía al respecto pues pasó de gurú económico de Aznar y supuesto responsable del "milagro" económico español a simple ladrón y estafador, no se trata de un saqueo o de un robo sino simplemente que esto "es el mercado, amigo". O mejor dicho, en este caso, "es el sistema, amigo". Y la mejor prueba de ello, de que se trata de un sistema que funciona perfectamente, es que cada ocasión en la que se descubre uno de estos "errores" sirve para reforzar el sistema, para que nada cambie y para manipular la opinión pública.
Veamos como ocurre en este caso concreto. El bono social eléctrico se creó en 2009 como descuento en la factura de la electricidad para hogares vulnerables. Desde entonces, se ha reclamado que se tengan en cuenta criterios de renta a la hora de asignar estas ayudas públicas pero ningún Gobierno lo ha hecho. Ahora, cuando aparecen estos casos, el Gobierno anuncia que "estudiará" eliminar la rebaja del 65% a la energía eléctrica doméstica establecida para aquellas familias numerosas con ingresos superiores a 26 mil euros, buscando sacar rédito y reforzar su relato sobre el "Gobierno más progresista de la Historia". Pero esta no es más que una de tantas ayudas públicas concedidas independientemente del nivel de renta, lo que no hace otra cosa que beneficiar, legalmente, a aquellos que más tienen. Y la cuestión es si van a modificarse todas estas ayudas. Como la respuesta es no, ya podemos intuir que lo que preocupa no es lo injusto e ineficaz de este uso del dinero de todos, sino hacer que el sistema no cambie.
Como hemos visto estos días, se pueden hacer múltiples debates sobre la moralidad o la eficacia en la distribución de las ayudas públicas. Se pueden establecer sistemas para limitar la existencia de "aprovechados", se puede estudiar si aumentar las barreras administrativas es mejor opción que universalizar las ayudas para después recuperar lo no merecido a través de los impuestos, etc. Pero esto no solucionará el principal problema: el sistema busca y necesita la desigualdad y todas las ayudas están destinadas a compensar mínimamente el desequilibrio que el propio sistema crea.
Los problemas económicos para muchas familias son enormes y no llegan a recibir las ayudas que les corresponden por múltiples motivos: las enormes trabas burocráticas que dificultan el acceso de los más vulnerables; el desconocimiento de las propias ayudas que se pueden percibir; la estigmatización o la dificultad en demostrar su situación; la simple resignación o la incapacidad para reclamar los derechos; etc. Pero todo ello no puede obviar el detalle fundamental: la mera existencia de ayudas y derechos especiales perpetúa la existencia de pobreza y, por tanto, de riqueza; porque sin la una no puede existir la otra.
Por tanto, mientras intentamos paliar los estragos del sistema no olvidemos cual es el fin último de éste. Porque, si no, si nos quedamos en lo superficial del espectáculo, en la indignación moral por los sinvergüenzas y en las opciones para mejorar la eficacia de las ayudas paliativas, estaremos reforzando un sistema que funciona perfectamente y que cumple su tarea de forma eficiente. Porque la desigualdad "es el sistema, amigo".