El pacto con ERC es legítimo en términos políticos, porque todo cabe en nuestra Constitución, ya que esta no pone trabas a que se modifique cualquiera de los principios que la fundamentan; incluido el de unidad o el de autonomía.
Pero es palmaria la inconstitucionalidad -jurídicamente hablando- del objetivo que pretende ese mismo acuerdo.
Es inconcebible que la voluntad constitucional “mayoría” (titular de la soberanía, el pueblo español) quede en manos de mano de una minoría; o más bien una minoría (ERC) de otra minoría (el independentismo catalán), que a su vez es minoritaria en Cataluña, tal y como se ha evidenciado en las últimas elecciones de aquella Comunidad Autónoma, donde algunos partidos que siguen defendiendo la secesión –ahora por cauces institucionales- han perdido la mayoría en el Parlamento de la Generalidad.
Señor Presidente, la igualdad entre los españoles no se garantiza únicamente con mecanismos financieros que, pretendidamente y en un alarde de excesivo optimismo, intentarían poner un parche en el agraviado ya principio de solidaridad.
Esa solidaridad, y su efecto indirecto –la igualdad- entre cuidadanos, nunca serían reales ni efectivas, si con ese pacto se cambia, de facto y por una vía incorrecta, nuestra forma de Estado.
En realidad, con ese “concierto” se propone otorgar a Cataluña un estatuto jurídico especial, a costa de generar una auténtica desigualdad discriminatoria con las demás Comunidades. Gracias al pacto se crea un régimen jurídico en favor de una Comunidad, sin apoyo ni cobertura en la vigente Constitución de 1978.
No cabe duda de que, con la concesión de la llamada “caja” y su llave en el bolsillo de la Generalidad, sea quien sea el que gobierne en ella, se estaría generando una evidente vulneración de un principio constitucional de igualdad entre territorios, que puede tener lecturas más o menos autonomistas, pero nunca una interpretación que conlleve a la postre a su eliminación.