Según la AEMET los veranos de esta década están siendo 40 días más largos que los veranos de los años 80 del siglo pasado. Llevamos con condiciones veraniegas desde comienzos de mayo, 6 meses de calor sofocante, sin lluvias. La cuenca del Guadalquivir, apenas llega al 19% de su capacidad cuando la media de los 10 últimos años era del 49%, algo casi desconocido.
Sin duda la sequía ha dado la puntilla a las reservas, pero nadie duda de que detrás del desastre se encuentran la sobre explotación producida por la agricultura, antes de nada quiero advertir que no tengo nada en contra con los riegos siempre que sean legales y se atiendan a las cantidades asignadas por el organismo competente, la Confederación Hidrográfica. Como detalle me gustaría aportar que la capacidad de almacenamiento del Canal de Isabel II, que abastece Madrid, hoy es superior al 60% y lo es pues sus pantanos son estrictamente para abastecimiento, no dan agua para riego.
Según Greenpeace en España hay más de 1.000.000 de pozos ilegales y según el SEPRONA en una reciente inspección de pozos en Ciudad Real ha dado como resultado que de 158 pozos legales inspeccionados, 156 incumplían con la cantidad de agua asignada, detectando manipulación en la mayoría de los contadores.
El agua es un bien público, finito, que se acaba. Si de los acuíferos se extrae más de lo que se recarga anualmente por lluvias, se van abajo y terminan secos. El olivar que era un cultivo tradicionalmente de secano ha sufrido un cambio radical en los últimos años, de hecho hoy es el cultivo que en España tiene más superficie en riego: 850.000 hectáreas en 2020 y sigue creciendo por la incorporación de nuevos olivares y sobre todo por la transformación a cultivo intensivo y súper intensivo que demandan mucha más agua.
La diferencia entre pozos legales y no legales radica en si están inscritos en la CHG, si disponen de la oportuna autorización. Las extracciones de agua que se lleva a cabo mediante pozos clandestinos o la sobreexplotación de los pozos autorizados muy por encima del consumo permitido conduce a un precipicio a todo el sector, al que cumple y al que no lo hace, no hay agua para todos. Es preciso poner orden, acabar con los ilegales y hacer cumplir con las cantidades asignadas a los legales o se acabará para todos. Incluso se ve comprometido el abastecimiento, solo hay que darse una vuelta por la zona del acuífero Grajales-Pandera que abastece en parte a la ciudad de Jaén y ver como aumentan las placas solares que alimentan las bombas de riego.
No solo se debe administrar el agua para los riegos y para el abastecimiento, también el medioambiente lo precisa, las fuentes se secaron, los arroyos y barrancos no llevan agua e incluso tramos de ríos están secos, kilómetros y kilómetros sin una gota de agua en superficie, no es de extrañar como liebres, conejos y cabras desesperados roen los goteros.
Tenemos que buscar un equilibrio y me temo que solo vendrá por la mano dura de la administración, que se deberá dotar de más guardas de ríos y de herramientas tal que si el catastro se tratara, que detecte a los incumplidores. El agua es un bien público, un derecho y no un elemento mercantilista de un modelo de desarrollo que debe tener sus límites en una región eminentemente seca.
Salud.