Okupas con sotana

Desde que el franquismo reconoció a los obispos tal que fedatarios públicos, los nuevos notarios con sotana se plantaron en el Registro de la Propiedad, sin ningún documento acreditativo, a inmatricular como propias, cuantas fincas sin registrar eran de su interés; en 1998 Aznar les facilitó aún más el camino. Ante el manifiesto expolio, el Tribunal de Estrasburgo, mandó parar en 2015, pero el objetivo ya estaba cumplido y decenas de miles de propiedades habían pasado a engrosar el patrimonio eclesiástico. No eran solamente edificios dedicados al culto, hablamos además de fincas, solares, pisos, garajes, cementerios, huertas, almacenes, plazas públicas y hasta calles… alguna propiedad de particulares y muchas públicas y por tanto inalienables, imprescriptibles e inembargables. Además sin pagar IBI, un chollazo.
Estamos ante un latrocinio, un acto de ocupación, ante el que nadie en la Iglesia alzó la voz en contra del privilegio otorgado por el franquismo y ampliado por Aznar, algo que va contra la Igualdad y la justicia que proclama la Constitución.
La derecha española nos tiene acostumbrados a imponer su religión como asignatura obligatoria, a pretender limitar el aborto a su código moral, o a cuestiones tan surrealistas como la concesión de medallas a personajes ficticios como a vírgenes del imaginario católico. La democracia se deprecia cuando las religiones tienden a imponer su código al conjunto de la ciudadanía. Por eso su sitio debe estar en el ámbito personal, sin mezclar Iglesia y Estado. Quien quiera mantener su fe, que la pague con su dinero, nunca con el de todos. Los fines de la Iglesia parecen ser muy lejanos de su misión caritativa declarada, tiene otros como la de acumular bienes materiales en su propio beneficio, priorizando el enriquecimiento frente al esfuerzo por acabar con la injusticia social y la desigualdad. Os voy a dar un dato: en 2018 la Iglesia le asignó a su cadena de televisión Trece TV 28,5 millones de euros, mientras Cáritas solamente recibió 6 millones.
Los templos hasta el siglo XIX fueron construidos con los impuestos recaudados a toda la población, el diezmo a las cosechas, a la despensa de la gente sencilla. Por ello los templos deberían ser patrimonio de todos los españoles, creyentes o no, pues fueron pagados por todos, a la fuerza. De hecho los seguimos manteniendo y conservando con dinero público (mirar las grúas en nuestra catedral). Eso sí, las entradas para visitar catedrales, museos y otros templos de interés cultural o turístico las cobra la institución eclesiástica, aunque ello signifique cambiar fieles por turistas. Convirtiendo los templos en contenedores de piedra y belleza, aunque sin vida ni alma.
Salud.